WASHINGTON. El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visado contra más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, a quienes responsabiliza por presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas a la muerte del líder indígena y opositor Brooklyn Rivera, fallecido mientras permanecía bajo custodia estatal.
La medida fue dada a conocer por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó al Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo de tener responsabilidad en el fallecimiento del dirigente miskito, considerado una de las voces más influyentes de la Costa Caribe nicaragüense.
Según Washington, las nuevas sanciones elevan a más de 2,350 el número de funcionarios y allegados al régimen nicaragüense afectados por restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos debido a su supuesta participación o colaboración con acciones represivas del Gobierno.
Rivera, de 73 años, permanecía detenido desde septiembre de 2023 y falleció el pasado 30 de mayo tras permanecer hospitalizado por complicaciones de salud. Autoridades estadounidenses sostienen que funcionarios del régimen obstaculizaron su acceso a atención médica adecuada y limitaron a sus familiares la posibilidad de gestionar sus restos tras su muerte.
La decisión forma parte de una estrategia de presión diplomática de la administración estadounidense para exigir responsabilidades por presuntos abusos contra opositores, líderes indígenas y defensores de derechos humanos en Nicaragua.
Washington reiteró además su respaldo al pueblo nicaragüense y afirmó que continuará utilizando herramientas diplomáticas y sanciones para promover la rendición de cuentas y el respeto a las libertades democráticas en el país centroamericano.
